La decisión del Tribunal Supremo de suspender provisionalmente el derecho al voto a 163.020 españoles residentes en el exterior que obtuvieron la nacionalidad por ser descendientes de exiliados gracias a la ley de nietos ha generado confusión y división entre las familias afectadas.

Mientras que algunos, como Lourdes, pueden votar porque residen en España, otros, como Mabel, pierden ese derecho porque están inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta situación ha sido denunciada por el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que corrija esta discriminación.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha descartado intervenir antes del 29-N en este proceso, argumentando que corresponde al Supremo y a la administración electoral tomar las decisiones.

El Gobierno, por su parte, ha criticado la "utilización política" de la suspensión del voto de los beneficiarios de la ley de nietos, calificándolo de "trumpismo".

El debate sobre la ley de nietos se ha intensificado en las últimas semanas, con el presidente de Asturias, Adrián Barbón, reuniéndose con la artífice de la ley en el extranjero, Violeta Alonso.