El Gobierno español ha modificado el real decreto para regular la instalación de centros de datos en España tras recibir más de 600 alegaciones. Las nuevas normas, que se han remitido al Consejo de Estado, suavizan algunos aspectos del borrador inicial que había generado controversia.

El principal cambio afecta al umbral de potencia para la aplicación de las normas, que ahora se establece en 10 MW en lugar de 1 MW como se había planteado inicialmente. Además, se ha introducido una moratoria de cinco años para la obligación de consumir el 80% de la energía eléctrica a partir de fuentes renovables hora a hora.

El Ejecutivo busca así impulsar la instalación de centros de datos en España, al calor del auge de la inteligencia artificial, sin comprometer el objetivo de alcanzar un mix energético renovable.