El Supremo sospecha que el Gobierno está poniendo piedras en el camino para evitar la identificación de aquellos nacionalizados en el extranjero que obtuvieron el pasaporte español tras comunicar que eran descendientes de exiliados.

La Sala ha dado cinco días, hasta el día 28, a los ministros para entregar la lista con el nombre de las 163.020 personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la ‘ley de nietos’. En caso contrario, podrían incurrir en una multa o incluso en responsabilidades penales.

Los magistrados sólo han obtenido la información del número de personas pero sin su identidad. El TS advierte que de no entregar el listado Bolaños y Albares podrían ser sancionados con una multa de 1.000 euros e incluso con el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha presionado a las oficinas consulares para que trabajen este sábado y domingo para "cumplir con el plazo del último auto" del Tribunal Supremo.

La situación se complica por la imposibilidad de concretar antes del 29N la identidad de los votantes de la ley de nietos que tienen el derecho suspendido, según las advertencias de Exteriores, la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral.