El Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno la lista de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho al voto por la 'ley de nietos' y amenaza con multas y posibles responsabilidades penales si no la entrega en cinco días.

En dos autos notificados este viernes, el alto tribunal revela que, según datos de la Abogacía del Estado, se han revisado 31.390 expedientes y solo se han expedido 91 certificados por parte de los encargados de los consulados a descendientes del exilio, condición que impusieron los jueces a los nacionalizados por la ley de nietos para poder votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen cinco días para entregar la relación nominal a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Si no lo hacen, la Sala podría imponer una multa coercitiva o deducir el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Esta medida se produce después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores solo haya facilitado un fichero "inservible" al Censo con 17.914 nombres, sin concretar cuántos cumplen la 'ley de nietos'.

El despacho de Baltasar Garzón ha presentado un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar revertir la decisión del tribunal y permitir el voto de los afectados en las elecciones del 29 de noviembre.