El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión del derecho al voto para unos 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la Ley de Nietos en las elecciones del próximo 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó los recursos presentados por la Abogacía del Estado, argumentando que el Gobierno no ha acreditado la revisión de ningún expediente. Los magistrados consideran que el Ejecutivo intenta justificar la imposibilidad de revisar los expedientes debido a la proximidad de las elecciones, responsabilizando a la propia Administración por el incumplimiento de la orden judicial. "No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla", advierte el Supremo.