La escalada de la conflictividad laboral y las modificaciones en las leyes de vivienda e hipotecas generan dudas en el mercado inmobiliario español.
El país español vive una escalada de conflictos laborales. Según datos del Ministerio de Trabajo, de enero a agosto de 2026 se registraron 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, participación de 579.000 afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra casi duplica la registrada en todo el año 2025. Los sindicatos atribuyen este aumento a diversos conflictos, como el del sector educativo. En este contexto, el 11 de noviembre se convocó a una huelga general, la primera respaldada por las centrales sindicales en 14 años. La incertidumbre legal en el sector inmobiliario se ve amplificada por las modificaciones en las leyes de vivienda e hipotecas realizadas en 2013. Estas reformas, según algunos críticos, favorecieron a grandes fondos como Blackstone al facilitar la expulsión de inquilinos al momento de la venta de propiedades. La situación genera dudas e incertidumbres para los inversores en el sector.