El Tribunal Supremo suspendió el derecho al voto a 163.000 personas nacionalizadas a través de la "ley de nietos", medida que ha generado controversia y un complejo escenario legal. El Supremo estableció un plazo para que los afectados presenten alegaciones, pero el Ministerio de Exteriores ha reconocido que es "imposible" reunir el 100% de la información necesaria para cumplir con la orden del tribunal en tiempo y forma. Fuentes del PP denuncian una "maniobra deliberada" del Ministerio de Exteriores para impedir la aplicación de la suspensión del voto. Por su parte, el Defensor del Pueblo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar revertir la decisión del Supremo. El proceso se complica aún más por la falta de una plataforma digital eficiente para procesar los expedientes de los afectados, lo que obliga a recurrir a hojas de cálculo Excel. El resultado de este proceso podría generar impugnaciones masivas de los resultados electorales.