Pedro Sánchez, en un claro gesto de precampaña electoral, ha exigido al Tribunal Supremo que frene lo que considera un "atropello" democrático: la suspensión del voto de los nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática. En Ponferrada, el líder del PSOE no se anduvo con cautelas: "El derecho al voto no se prohíbe, se garantiza", sentenció, en un alegato que tiene a unos 400.000 descendientes de exiliados como protagonistas. El origen del conflicto está en las iniciativas judiciales interpuestas por PP y Vox contra el censo electoral derivado de esta ley, que ha permitido a miles de personas recuperen o adquieran la nacionalidad de sus antepasados. Sánchez, con un toque de ironía, acusó a la derecha de querer "desmovilizar" al electorado progresista, una estrategia que, según él, huele a "naftalina, reacción, recortes y mucho rencor". Con este discurso, el presidente del Gobierno intenta demostrar que su proyecto político está más cerca de la democracia y la inclusión que de los vetos y las exclusiones.