El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del derecho al voto de los hijos y nietos de exiliados españoles en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Esta decisión, tomada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha generado malestar en el Gobierno, que considera que el fallo pone en riesgo el derecho al voto de 400.000 españoles. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su crítica al fallo del Supremo, afirmando que "Parece que el derecho a voto no es tan relevante para algunos". Por su parte, el Gobierno estudia la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, aunque aún no se ha tomado una decisión final.