El alto tribunal busca un informe de la Comisión Europea para evaluar la legalidad de una decisión del gobierno de Aznar.
El Tribunal Supremo ha solicitado a la Comisión Europea el dictamen emitido hace un año en el que se consideró ilegal la prórroga de la concesión de la autopista AP-9 hasta 2048 por parte del gobierno de José María Aznar. La petición surge en el marco de un proceso judicial iniciado por la asociación de transportistas Apetamcor, que demanda al Gobierno español para que rectifique y anule la prórroga alegando incumplimiento de la normativa comunitaria. El Supremo considera que la valoración de la Comisión Europea puede ser relevante para su decisión. Ahora se espera a la respuesta del Ejecutivo comunitario, quien decidirá si entrega el dictamen a la justicia española o mantiene la confidencialidad por normas europeas. "La valoración de la Comisión Europea puede ser relevante", declaró un portavoz del Tribunal Supremo.