El Ministerio Público ha pedido imputar un delito de malversación de caudales públicos al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron halladas en su despacho.

Según la Fiscalía, si la versión del expresidente sobre la obtención de las alhajas se considera cierta, se convertirían en "caudal público" cuando Zapatero las aceptó en Moncloa en 2007 y posteriormente las "apropió" con "ánimo de lucro".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el caso, ha solicitado al Patrimonio del Estado una copia del listado de obsequios institucionales recibidos por la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2011.

Anticorrupción argumenta que las joyas no figuran en el acta de entrega de bienes realizada por Zapatero al finalizar su mandato, a diferencia de otros regalos que sí entregó. La fiscal Elena Lorente insiste en que el delito de malversación no puede considerarse prescrito y que las penas podrían alcanzar los ocho años de prisión y hasta 20 años de inhabilitación.