El Gobierno de España está intentando activar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que los nacionalizados por la llamada "ley de nietos" puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre.

Esta medida, según el Defensor del Pueblo, es necesaria para garantizar el derecho fundamental al voto de estos ciudadanos, quienes han sido privados cautelarmente del sufragio por el Tribunal Supremo. El Defensor del Pueblo argumenta que la condición de votante no puede ser revocada a un español mientras mantiene dicha condición, y que la suspensión del voto a estos nacionalizados es "harto problemática".

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores reconoce que será "muy difícil" cumplir a tiempo con la orden del Tribunal Supremo para verificar quiénes son los nacionales que pueden votar en las elecciones del 29N. El proceso es manual y requiere la verificación de datos en consulados, lo que genera un riesgo de que muchos nacionalizados no puedan ejercer su derecho al voto.

El panorama se complica por la denuncia del PP, que acusa al Ministerio de Exteriores de una "maniobra deliberada" para impedir la suspensión de la "ley de nietos", lo que podría derivar en una gran batalla legal después de las elecciones.

La situación actual genera incertidumbre sobre si los nacionalizados por la "ley de nietos" podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre. El Tribunal Constitucional deberá decidir si interviene en la controversia y si se pueden adoptar medidas urgentes para garantizar el sufragio de estos ciudadanos.