El alto tribunal ha amenazado con imponerles una multa de 1.000 euros e incluso con llamarles a declarar si no cumplen con su requerimiento.

Según los datos aportados por la Abogacía del Estado, se han revisado 31.390 expedientes de afectados por las medidas cautelares de la Ley de Nietos, pero solo se han expedido 91 certificados por parte de los encargados de los consulados a descendientes del exilio. Esta cifra representa una ínfima parte del total de personas afectadas por la suspensión del derecho al voto.

El Supremo argumenta que, a pesar de las advertencias de Exteriores, la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral sobre la imposibilidad de concretar antes del 29N la identidad de los votantes de la ley de nietos que tienen el derecho suspendido, es necesaria la lista para poder aplicar las medidas cautelares.

Paralelamente, el despacho del exjuez Baltasar Garzón ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante el Supremo para intentar revertir la suspensión del derecho al voto de tres ciudadanos españoles nacionalizados a través de la llamada ley de nietos.

Esta medida se presenta como un paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La situación genera controversia y debate sobre la aplicación de la ley de nietos y el derecho al voto en España.