El Tribunal Supremo ha dado un ultimátum al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para que entreguen en cinco días la lista de las 163.020 personas afectadas por las medidas cautelares de la 'ley de nietos' que les impide votar en las elecciones del 29 de noviembre. El Supremo exige la lista para poder identificar a los votantes que cumplen con los requisitos de la Ley de Memoria Democrática y que puedan ejercer su derecho al sufragio. Si los ministros no cumplen con el requerimiento, el Supremo les advertirá con una multa de 1.000 euros o incluso podría proceder penalmente contra ellos. Esta amenaza se da en un contexto en el que se han recibido informes del Estado que indican que solo 91 personas de las 31.390 revisadas han acreditado ser descendientes de exiliados. El despacho de Baltasar Garzón ha presentado un incidente de nulidad ante el Supremo para intentar revertir la suspensión del derecho al voto de tres ciudadanos españoles nacionalizados a través de la 'ley de nietos'. El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho a voto, mientras que el Gobierno busca alternativas para cumplir con el requerimiento del Supremo.