El Tribunal Supremo (TS) ha mantenido suspendido el derecho a voto a miles de nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' en las elecciones del 29 de noviembre. La decisión, tomada tras un recurso de la Abogacía del Estado, ha generado malestar en el Gobierno, que considera que "restringe" el derecho a voto.

Fuentes de Moncloa han señalado que identificar a los afectados y separar sus inscripciones del resto de españoles residentes en el extranjero es "complejísimo". La complejidad de la situación se agrava por el hecho de que las elecciones se celebrarán en menos de seis semanas, lo que dificulta la revisión y depuración del censo a tiempo.

El Gobierno está buscando alternativas para cumplir con la orden del Supremo, pero aún no ha encontrado una solución viable. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha ofrecido a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para intentar revertir la decisión del TS.

La decisión del Supremo ha generado controversia, con algunos sectores argumentando que es necesaria para garantizar la integridad del censo electoral, mientras que otros la consideran una violación del derecho al voto.