Asociaciones judiciales alertan sobre la imagen de "sometimiento al poder" que proyecta el órgano tras la decisión.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid dos diligencias informativas incoadas al magistrado Juan Carlos Peinado. Esta decisión, tomada con el voto de calidad de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y de los vocales progresistas, ha sido criticada por diversas asociaciones judiciales que ven en ella un ataque a la independencia judicial. Las críticas se centran en las afirmaciones realizadas por Peinado en el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, donde aseguró que los policías que ejercen de escolta de presidencia podrían ayudarla a fugarse para justificar la imposición de medidas cautelares. "Está en juego la independencia judicial", afirmó una fuente cercana al sector judicial. A pesar de que el promotor de la acción disciplinaria y algunos vocales conservadores solicitaron el archivo del expediente, la decisión final se inclinó por su apertura.