La Ley de Nietos, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y liderada por Violeta Alonso, del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), ha generado un intenso debate sobre el derecho al voto.

Mientras que Alonso y el CGCEE han trabajado para facilitar la nacionalidad a descendientes de exiliados, el Tribunal Supremo ha suspendido el derecho al voto de 163.020 nacionalizados por la ley, argumentando irregularidades en el proceso.

Esta decisión afecta a aquellos que obtuvieron la nacionalidad a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como "ley de nietos". El Supremo distingue entre quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados y quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquier persona que hubiera salido de España entre 1936 y 1955.

Solo aquellos que aportaron documentos del exilio pueden votar, mientras que el resto se encuentra en una situación de incertidumbre.

El Gobierno ha advertido sobre las "dificultades" para aplicar la orden del Supremo, ya que la Oficina del Censo Electoral y los consulados carecen de los recursos necesarios para revisar los expedientes a tiempo para las elecciones del 29 de noviembre.

Esta situación ha generado críticas por parte de los afectados, quienes consideran que la decisión del Supremo es una "grave violación de los derechos constitucionales".