El pasado 30 de julio de 1976 se aprobó el Decreto-Ley 10/1976 de Amnistía, marcando un hito en la transición española. Esta medida liberó a 287 personas condenadas por delitos políticos y militares, impulsando la "normalidad democrática" del país tras el régimen franquista. Sin embargo, esta amnistía no incluyó a todos los presos políticos, dejando fuera a buena parte de los comunistas y al 90% de los reos nacionalistas vascos. El Decreto-Ley buscaba olvidar "cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los españoles". En contraste con este hito histórico, el Ministerio del Interior ha sido criticado por su falta de transparencia en la información sobre la inmigración. En sus informes trimestrales sobre inmigración irregular, el ministerio omite datos cruciales sobre los inmigrantes que han llegado a España buscando regularizar su situación legal. La Policía Nacional ha detectado un aumento de flujos migratorios vinculados a mafias que trafican con personas, aprovechando la reciente apertura del proceso de regularización extraordinaria iniciado en enero. "Las personas que han llegado por la frontera con Francia, que es el caso de quienes han cogido las nuevas rutas con motivo de la regularización, no aparecen", señalan fuentes policiales.